“Erradicación de actos de violencia contra la mujer. Un estudio de la inejecución de las resoluciones de medidas de protección”

Abstract

Objetivo: Analizar cómo influye la emisión de las medidas de protección y medidas cautelares sin tener en cuenta los factores de riesgo de la víctima sumado a la no existencia de órganos de apoyo multidisciplinario dependientes del órgano jurisdiccional en las medidas de protección en los actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar expedidas por el Juzgado Mixto de San Miguel-La Mar, período enero de 2016 a agosto de 2017. Metodología: El tipo de estudio fue no experimental. El nivel de investigación corresponde a la observación y sistemático sobre una población de 400 de medidas de protección por actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, expedidas por el Juzgado Mixto de San Miguel - La Mar, período enero de 2016 a agosto de 2017. La técnica de recolección de datos fue el análisis documental y el instrumento, la ficha de cotejo de datos. Resultados: En el periodo enero de 2016 a agosto de 2017, ingresaron un total de 400 casos. Del 100% (100 casos), el 93.0% son las propias víctimas que acuden a denunciar los actos de violencia en su agravio; el 71.0% de las denuncias son interpuestas ante la Policía Nacional del Perú; el 75.0% de las agresiones son en agravio de las mujeres; el 37.0% de las agresiones son de tipo de violencia psicológica; el 46.3% de las víctimas son mujeres adultas que sus edades oscilan entre 24-59 años; el 59.6% de los agresores son varones adultos que sus edades oscilan entre 24-59 años; el 67.0% de los casos no contaban con la ficha de valoración de riesgo de las víctimas; el 96.0% de los casos fueron declarados fundados; el 91.0% de las resoluciones no contienen las medidas cautelares a favor de las víctimas; y, el 78.0% de las medidas no fueron ejecutados por los órganos de apoyo. Conclusión: Está comprobado que la mayoría de las medidas de protección y medidas cautelares se expiden sin tener en cuenta los factores de riesgo de las víctimas y la ficha de valoración; asimismo, la no existencia de un órgano de apoyo multidisciplinario en el Juzgado Mixto de San Miguel - La Mar, imposibilidad de que hagan el seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, como es el tratamiento psicológico de las víctimas y el tratamiento reeducativo o terapéutico de las personas agresoras.