Conga Soto, ArturoAyala Calderon, Dennys Piero2026-07-172026-07-172026TESIS D238_Ayahttps://hdl.handle.net/20.500.14612/8936La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera se configura la responsabilidad penal de los consorciados frente a la presentación de cartas fianza falsas en los procedimientos de contratación pública peruana. Se empleó un enfoque cualitativo, de tipo básica o pura, con nivel descriptivo-explicativo y diseño no experimental de carácter documental y jurídico. Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada, aplicada a cinco especialistas (dos fiscales penales, dos abogados penalistas y un especialista en contrataciones del Estado), y el análisis documental de fuentes normativas, doctrinarias y jurisprudenciales, incluyendo las Casaciones N.° 2305-2023/Cusco y N.° 1077-2023/Lima Este. Los principales hallazgos demostraron que la responsabilidad penal de los consorciados no se configura de manera automática por la sola pertenencia al consorcio, sino que exige la acreditación individualizada de una conducta típica, antijurídica y culpable, conforme a los principios de responsabilidad penal personal y culpabilidad. Se identificó que los criterios para determinar la autoría, coautoría o participación se basan en la teoría del dominio del hecho, el grado de intervención concreta, el conocimiento efectivo de la falsedad, la capacidad de decisión y la distribución de funciones establecida en el contrato de consorcio. Asimismo, se evidenció que la estructura interna del consorcio y la figura del representante común inciden en la individualización de responsabilidades, pero no generan imputación penal automática. La Casación N.° 2305-2023/Cusco reveló un vacío de tipicidad respecto de la falsedad ideológica en cartas fianza, mientras que la Casación N.° 1077-2023/Lima Este ofreció la estafa agravada como vía alternativa de persecución penal cuando se acredita perjuicio patrimonial. Se concluyó que la responsabilidad penal de los consorciados requiere una imputación individualizada basada en la intervención concreta de cada integrante, siendo necesario fortalecer los mecanismos de verificación documental, especializar a los operadores jurídicos y unificar criterios jurisprudenciales para cerrar los vacíos de tipicidad existentes.application/pdfspahttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2Responsabilidad penalConsorciadosCarta fianzaContratación públicaFalsedad ideológicaDerecho penalhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02