La criminalidad en la administración pública en el distrito judicial de Ayacucho. Un estudio descriptivo de las condiciones agravantes de los delitos de colusión y peculado en el periodo 2018 - 2020

Abstract

El avance de la criminalidad en la administración pública no se ha detenido. Existen varios factores que pueden explicar este fenómeno como por ejemplo; la mayor agresividad de los actores políticos al ver eliminada la posibilidad de ser reelegidos, la mayor capacidad del Estado para perseguir estos delitos, el creciente interés de los medios de comunicación por informar y denunciar casos de corrupción estatal, entre otros. Ante esta creciente incidencia de la corrupción por parte de los agentes funcionarios y la demanda social de combatir la corrupción, se ha utilizado el Derecho Penal desde una perspectiva populista y simplista, en el sentido de aumentar las penas, bajo la premisa de combatir el delito mediante la imposición de penas más severas. Esta investigación plantea la cuestión de si el uso populista y simplista del Derecho Penal para luchar contra la corrupción en la administración pública ha generado los efectos esperados, sobre todo teniendo en cuenta la finalidad utilitaria y preventiva de la pena (la mayor severidad de la pena busca persuadir a los actores para que cometan delitos). Para responder a esta pregunta, se utilizaron datos bibliográficos. Asimismo, se recopiló información de los registros de criminalidad de la Fiscalía y de encuestas aplicadas a los fiscales, con el fin de conocer sus percepciones sobre la criminalidad en el estado y los efectos que han tenido las modificaciones en materia penal. La principal conclusión, a partir de los datos y la percepción de los fiscales, es que la incidencia delictiva no ha disminuido a pesar del aumento de las penas. Esta conclusión no puede considerarse definitiva, ya que el fenómeno de la criminalidad implica la concurrencia de otros factores, pero lo que importa resaltar es el peligro que genera el uso populista y simplista del Derecho Penal en la lucha contra el delito, porque le resta efectividad, aumentando la infectividad del Estado y sus instituciones. Esta situación afecta definitivamente la posibilidad de construir y fortalecer un estado de derecho.